{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
Un funcionario del Banco de Costa Rica (BCR) y un gerente del Banco Promérica fueron piezas clave en el caso Fénix para crear un esquema de legitimación de capitales que permitió blanquear ganancias producto del trasiego de drogas, de acuerdo con el Ministerio Público.
Se trata de dos sujetos que figuran como imputados en el juicio que se lleva a cabo contra José Giovanni Segura Angulo, alias “Narizón”, presunto narcotraficante y líder criminal, quien al parecer orquestó, junto a sus cómplices, una estructura delictiva que logró constituir un patrimonio de al menos 17 millones de dólares.
El empleado del banco estatal, de apellidos Granados Ulloa, brindó colaboración pese a conocer claramente las dificultades que tenía Segura para justificar el origen de su dinero cada vez que intentaba hacer transacciones en las entidades formales.
Pese a tener un entramado amplio de actividades comerciales, los obstáculos en los bancos no cesaban, por lo que buscó asesoría desde dentro. Aparentemente, Granados también conocía de dónde provenían los fondos.
Por su parte, el entonces gerente de la sucursal de Promérica en Pérez Zeledón, de apellidos Beita Quesada, fungió como asesor de “Narizón” para lograr insertar al sistema financiero el dinero que no podía ser justificado a cabalidad por el cabecilla, dado que, en apariencia, procedía de la comercialización de estupefacientes.
Además de colaborar en evadir los controles antilavado, el gerente bancario habría ayudado a dos testaferros de la banda, David Núñez Jiménez y Allan Chacón Trejos, a mantener cuentas abiertas en dicha entidad, pese a conocer la procedencia real de la fortuna.
Esa colaboración fue interrumpida cuando la oficina de cumplimiento y la gerencia de sucursales de ese banco intervinieron. De acuerdo con su perfil en la red social LinkedIn, Beita Quesada dejó de ser gerente local en mayo de 2022.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, de la cual CR Hoy tiene copia escrita, ambos trabajadores se dedicaron a brindar asesoría legal, contable y financiera sobre cómo el grupo debía manejar las cuentas bancarias y otros productos financieros, principalmente para evitar el cierre ante alertas de transacciones sospechosas.
Esta colaboración habría sido crucial para que la banda introdujera constantemente los fondos de origen ilegal al sistema financiero, operación que arrancó al menos desde 2015 en adelante.
Ambos trabajadores bancarios, al parecer, ayudaron a la banda a crear y falsear los documentos necesarios, con el fin de vencer la barrera de la debida diligencia bancaria y los controles antilavado vigentes.
Se presume que Granados y Quesada se mantenían en contacto constante con contadores y auxiliares contables que participaban en la agrupación criminal para darles las directrices o sugerencias para el esquema de blanqueo de recursos.
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
La investigación confirmó que la colaboración de estos sujetos con alias “Narizón” fue clave, dado que por estas entidades financieras pasaron cientos de millones de colones al conseguir saltarse los controles.
Los funcionarios incluso tenían contactos vía telefónica con el cabecilla y sus presuntos cómplices, para orientarlos sobre cómo burlar el sistema y abrir cuentas evitando cuestionamientos, incluso recomendándole que lo mejor sería que Segura Angulo no figurara en la cuenta, advirtiendo que conocía de sus vínculos criminales y su crecimiento patrimonial ilícito y exponencial.
Así lo revela una intervención telefónica del 6 de septiembre de 2021, incluida en el expediente. En ella queda evidencia de que el funcionario del BCR, al parecer, utilizó su puesto para favorecer la organización criminal investigada, realizando una asesoría más allá de sus funciones y permitiendo con ello la apertura de las cuentas y el delito de legitimación de capitales.
La siguiente es la transcripción textual incluida en el informe 42-SLC-IP-21:
Giovanni: Junior, una consultita, ¿por quién es que hay que preguntar para abrir lo de la cuenta?
Masculino: No, no, por nadie, ¿van a venir a la plataforma, es?
Giovanni: Diay, usted me dice, usted da la orden.
Masculino: Es que se puede llenar el formulario y ya ellos ahí le contactan, y ya ahí se hace todo vía internet. No sé, yo puedo llenar el formulario.
Giovanni: ¿Me lo llena usted?
Masculino: Sí, sí, claro, nada más lo que ocupo es… pero para anotar aquí.
Giovanni: Si quiere, yo tengo todo listo, nada más de ir a dejárselo.
Masculino: O mándemelo, sí, y yo se lo lleno y… espera para ver, cómo le hacemos. No, no, mándemelo, mándemelo para ver cómo le hacemos.
Giovanni: Mae, este, ¿qué recomienda, que yo quede registrado en la cuenta o mejor de momento no?
Masculino: Diay, usted sabe cómo es esta vara, ¿verdad? Si usted quiere, no, para no enredarnos mucho.
Giovanni: Sí, de momento no, ¿verdad?
Masculino: Mmm… jumm… mmm… jumm…
Giovanni: Está bien, Junior.
Masculino: Está bien, a las nueve abren, es en el segundo piso, mándeme los papeles para revisar cómo está este asunto.
Giovanni: Ok, ok, ahí seguro lo va a llamar Jorgito.
Masculino: Listo.
A esto se suma que uno de los testaferros de la agrupación se presentó días después a firmar documentos para el trámite que estaban gestionando, dado que quedó grabado por las cámaras de seguridad de la sucursal.
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
{{slide.text | html}}
Cierre y reapertura de cuentas
Uno de los momentos clave donde quedó evidenciada la colaboración de los funcionarios bancarios con la banda fue entre agosto y septiembre de 2020.
La oficina del Área de Gestión y Actualización de Clientes del BCR de la Sucursal de San Marcos de Tarrazú notó una “abultada e irregular transaccionalidad” en las cuentas de José Giovanni Segura y una sociedad llamada Inversiones Ghaida Halabi S.A., usada por el grupo de blanqueo de bienes.
Producto de las anomalías detectadas, se aplicó una “diligencia reforzada al cliente” y solicitaron información que, tras ser analizada, resultó insuficiente para explicar el alto flujo de efectivo. Por ende, tomaron la determinación de cerrarle las cuentas.
En ese momento, “Narizón” coordinó con su pareja de apellidos Chacón Vargas, su abogada Karol Barrantes Fallas, y sus contadores de apellidos Soto Riggioni y Rojas Robles (todos enjuiciados hoy) para tratar de revertir la clausura de las cuentas y otros productos financieros.
Todos ellos idearon, junto al funcionario del BCR, una estrategia para obtener su dinero de vuelta. Granados Ulloa les consiguió tiempo y les asesoró sobre los movimientos entre cuentas que generaron las alertas.
Incluso, el empleado bancario tenía un grupo de WhatsApp con los miembros de la banda, por el cual les facilitó el detalle de lo que estaba cuestionando la oficina de San Marcos de Tarrazú respecto a las cuentas de Segura Angulo.
Saber cuáles eran las irregularidades señaladas le permitió a la agrupación confeccionar y aportar la información que evitara el cierre de las cuentas.
En cuanto a las cuentas de Inversiones Ghaida Halabi S.A., la banda aprovechó una relación comercial preexistente de una simple compra-venta de llantas con la empresa Genial SyP Importaciones S.A. para elaborar otro documento en el cual insertaron que en 2018, supuestamente, se acordó un “contrato de crédito y apalancamiento comercial” por medio millón de dólares y, de esta forma, justificar los ingresos.
En otra operación, David Núñez Jiménez, uno de los presuntos testaferros, declaró en 2019 que la empresa Inversiones Ghaida Halabi S.A. firmó otro supuesto crédito por 178 millones de colones con otra empresa llamada CM Barre Precios S.A. como acreedora.
La declaración la hizo ante la notaria Karol Barrantes Fallas, abogada que al parecer sabía de la actividad delictiva y quien es parte de la lista de acusados del caso “Fénix”, como una de las presuntas cómplices de “Narizón”.
Ambos documentos y otros más fueron presentados en octubre de 2020 por la agrupación criminal, gracias al tiempo “de gracia” que les consiguió el funcionario del BCR. Los archivos fueron entregados a la oficina que cerró las cuentas para respaldar, según ellos, el ingreso de fondos y el alto flujo de efectivo en la cuenta empresarial, principalmente en dólares.
Con la documentación, la banda hizo incurrir en el error a la entidad financiera, al decir que, aunque la empresa no facturaba en moneda extranjera, era muy habitual recibir pagos así para captar dólares que les permitieran, presuntamente, tener la divisa para cancelar las importaciones que realizaban, aunque, en realidad, este tipo de operaciones fueron mínimas y la mayoría de mercadería la adquirían en el país.
Granados Ulloa, siendo trabajador del Banco de Costa Rica, también habría asesorado a la banda para que abrieran cuentas en el Banco Nacional y al menos en dos bancos privados más, con el fin de introducir dinero producto de negocios con ganado, que eran utilizados para lavar el dinero narco, aparentemente.
“Finalmente, en virtud de la falta de justificación de los capitales semilla para comenzar un negocio tan millonario en tan poco tiempo, el imputado Segura Angulo tuvo problemas para aperturar las cuentas en la mayoría de los bancos, excepto en el BAC San José y, en especial, el Banco de Costa Rica, sucursal de San Isidro de Pérez Zeledón, donde la colaboración criminal del encartado Yunior Granados Ulloa fue efectiva y con ello se lograron aperturar en fecha 27 de septiembre de 2021, las cuentas [PROTEGIDO] y [PROTEGIDO] en colones, en las que en un corto período se ingresaron y movieron en el sistema bancario nacional sumas millonarias de dinero (…)”, señala la acusación.
Juicio por caso Fénix
En el caso “Fénix”, destapado por las autoridades en 2022 y que actualmente se encuentra en etapa de juicio, están señalados testaferros, frenteadores, funcionarios bancarios, contadores, notarios y varios cómplices.
Son un total de 25 imputados que en apariencia se dedicaron a esta actividad ilegal al menos desde el 2016, y que eran liderados por José Giovanni Segura Angulo, también sospechoso de narcotráfico que está a la espera de afrontar un juicio por esos hechos, desde el 2014.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, presentada ante el Tribunal desde el pasado viernes, este cabecilla consiguió utilizar dineros provenientes del trasiego de drogas, para inmiscuirlos en comercios que ya existían o bien, para conformar empresas con el fin de blanquear los fondos.
Esto mediante la inyección de capital o mezclando ganancias ilícitas con el dinero generado en comercios como lubricentros, restaurantes, llanteras, verdulerías y hasta una gran finca ganadera, denominada “Hacienda Fénix”.
La legitimación de capitales habría estado en curso desde al menos 2015 sin poder determinar fecha exacta, luego tuvo un fuerte repunte en 2018, pero tomó mucha mayor fuerza en pleno del periodo de pandemia mundial, cuando la mayoría de establecimientos reportaron un incremento de las pérdidas económicas.
El grupo de familiares, colaboradores y el mismo cabecilla Segura Angulo, habrían ampliado la gama de actividades criminales que justo en medio de la crisis financiera de ese año, tuvo una aceleración en sus ingresos, que venían desarrollando desde años atrás.
Según la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales, José Giovanni Segura utilizaba personas para encubrir que él adquiría los comercios o ponía a terceras personas, presuntamente, a realizar depósitos, transferencias y pagos, con el fin de encubrir su enorme crecimiento patrimonial, y así evitar el riesgo de que se descubriera el origen ilegal del dinero.
El Ministerio Público presume que Segura Angulo, alias “Narizón”, quien tuvo nexos con Juan Manuel García Hernández, alias “El Güero”, narcotraficante de origen mexicano y de muy alto perfil, que tenía su “franquicia” en Costa Rica.
La Fiscalía de Legitimación de Capitales aseguró que “El Güero” era el principal líder delictivo en el país, quien mantenía importantes contactos con otras estructuras internacionales para hacerles llegar el producto ilícito que tenía su tránsito por suelo nacional, mediante comunidades en San José y Pérez Zeledón.
Aparentemente, el mexicano supervisaba y dirigía a sus subordinados, para asegurarse que el ocultamiento de la droga, traslados y envíos fueran eficientes, al definir momentos exactos y los métodos a utilizar para toda la operación.
Esta agrupación tenía una forma particular de transportar los alijos de droga: en lugar de utilizar caletas o compartimientos escondidos en la carrocería de vehículos, estos sujetos utilizaban las llantas y caletas en los aros de autos de carga pesada, para escabullir el producto y moverlo por carretera.
Las ganancias que habría obtenido Segura Angulo de ese trasiego de estupefacientes, serían las que se utilizaron presuntamente para construir un imperio económico en El General. Se presume que además de utilizar comercios, se habría empleado la actividad ganadera y la compra de maquinaria o vehículos, para blanquear los fondos.
Source
José Adelio Murillo
